La madre de Víctor Quero identificando a su hijo / Foto: NTI Radio

Caracas._ Funcionarios del Ministerio Público coordinaron la apertura de una fosa común en el Cementerio Jardín La Puerta para identificar los restos mortales del ciudadano Víctor Quero.

La acción judicial responde al clamor de Carmen Navas, quien buscó incansablemente a su hijo durante diez meses mientras las autoridades penitenciarias guardaban un silencio absoluto.

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Expertos de la Unidad Criminalística lideraron el procedimiento técnico en Caracas bajo la supervisión de fiscales especializados en la defensa de los derechos humanos fundamentales.

La madre del fallecido reconoció visualmente el cadáver durante la diligencia legal, confirmando finalmente el destino trágico del hombre detenido a principios del año pasado.

El registro oficial indica que Quero murió bajo custodia del Estado en julio de 2025, aunque el sistema judicial notificó a los parientes apenas hace días.

Informes médicos preliminares atribuyen el deceso a una falla respiratoria severa, pero los abogados defensores exigen exámenes forenses independientes para verificar estas afirmaciones estatales.

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Resulta evidente que la falta de comunicación oportuna vulneró el derecho de la familia a conocer el paradero y estado de salud del detenido político.

El equipo legal del Foro Penal acompañó a la señora Navas en este proceso doloroso, exigiendo justicia por la presunta desatención médica dentro del recinto carcelario.

Igualmente los activistas señalan que el cuerpo permanecía en una tumba sin nombre, marcada únicamente con piedras y una lámina metálica deteriorada por el tiempo.

La Fiscalía 80 Nacional ahora deberá determinar responsabilidades administrativas o penales por la desaparición forzada de información que rodeó este caso tan sensible actualmente.

Mientras tanto los allegados del señor Quero tramitan el traslado de sus restos hacia un lugar digno para brindarle los actos fúnebres correspondientes según tradiciones.

Este suceso reaviva el debate sobre la situación de los centros de reclusión venezolanos y la transparencia necesaria en la gestión de los detenidos estatales.