Ciudad de México, México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general una controvertida reforma que disuelve siete organismos autónomos, incluidos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otros cinco entes reguladores.
Este cambio es parte de un esfuerzo por consolidar funciones bajo el gobierno central, justificado en la “austeridad republicana”.
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La reforma, propuesta inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca reducir duplicidades administrativas y optimizar recursos.
Entre los órganos eliminados se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
México hace cambios
Las funciones de estas entidades serán absorbidas por secretarías de Estado. Por ejemplo, el INAI será integrado a una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, mientras que las tareas del IFT recaerán en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Energía asumirá las atribuciones de la CRE y la CNH, y la Secretaría de Economía absorberá las funciones de la Cofece.
La reforma ha suscitado críticas de expertos, organizaciones civiles y organismos internacionales. Representantes de las Naciones Unidas advirtieron que eliminar el INAI podría socavar los derechos a la privacidad y al acceso a la información pública, comprometiendo la transparencia gubernamental.
Además, se teme que la centralización de funciones pueda reducir la independencia técnica y la imparcialidad de las decisiones regulatorias.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida, argumentando que permitirá una gestión más eficiente y transparente.
“Los datos personales estarán protegidos, y se establecerán mecanismos obligatorios de auditoría para que la ciudadanía pueda supervisar las actividades gubernamentales”, aseguró.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad también expresó preocupaciones sobre los efectos de la reforma en la competencia económica, advirtiendo que podría disuadir la inversión privada.
Además, expertos en derecho temen posibles conflictos con tratados internacionales, como el T-MEC, debido a la eliminación de garantías regulatorias independientes.
La aprobación en lo particular y su posterior implementación prometen intensos debates legislativos y jurídicos, marcando un cambio significativo en el marco institucional de México.
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