Caracas, Venezuela._ En medio de la tensión con Estados Unidos por la presencia de buques militares en el Caribe, surgen denuncias sobre reclutamiento forzoso de jóvenes en Venezuela.
Testimonios desde el estado Bolívar señalan que durante la madrugada se desplegaron operativos militares para captar ciudadanos entre 18 y 30 años.
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La Constitución venezolana, vigente desde 1999, prohíbe expresamente el reclutamiento forzoso, lo que convierte estas acciones en un hecho de carácter inconstitucional.
Pobladores de localidades mineras como Los Arenales y La Camorra aseguran que efectivos trasladaron a jóvenes en camiones y camionetas sin mediar consentimiento.
Las imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran a militares actuando durante la noche, lo que refuerza las denuncias de testigos presenciales.
El gobierno, por su parte, sostiene que la Milicia Nacional Bolivariana se encuentra lista para defender la patria ante cualquier amenaza externa.
Sin embargo, la baja asistencia a los puntos de inscripción ha obligado a repetir convocatorias de alistamiento con resultados limitados en varias regiones.
La situación ha encendido el debate sobre la legitimidad de imponer la incorporación militar en un país que eliminó la conscripción obligatoria.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre posibles violaciones y piden a las autoridades cesar estas prácticas inmediatamente.
El contraste entre la narrativa oficial y la realidad en las calles genera incertidumbre en la ciudadanía venezolana, especialmente en zonas rurales.
La comunidad internacional observa con atención estos hechos que podrían derivar en un aumento de la presión diplomática sobre Caracas.
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El debate permanece abierto: ¿se trata de defensa nacional o de una vulneración grave de derechos constitucionales en Venezuela?
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