Exigencia de Justicia Civil / Foto: Cortesía
Santo Domingo, RD._ La exclusión histórica debe terminar ahora. La plataforma Dominican@s por Derecho exige que la Junta Central Electoral garantice una cedulación inclusiva para miles de jóvenes dominicanos.
Es imperativo que quienes nacieron antes del 2010, hoy atrapados en libros de extranjería, logren transcribir sus actas para obtener finalmente su identidad legal y ciudadana.
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Sin este paso administrativo crucial, miles de personas permanecen en un limbo jurídico que anula sus derechos más básicos y los condena a una invisibilidad sistemática.
Aunque la renovación del documento busca mayor seguridad tecnológica, las organizaciones subrayan que ninguna modernización será legítima si continúa marginando a sectores vulnerables de la población.
Por ello, exhortan a la ciudadanía a cumplir con los plazos de la JCE, pero exigen que el Estado no convierta este proceso en otra barrera.
La preocupación del colectivo trasciende lo burocrático; denuncian un retroceso alarmante en materia de derechos humanos, alimentado por políticas de repatriación masivas y totalmente indiscriminadas.
El clima social se ha enrarecido por un discurso de odio y xenofobia que golpea directamente la dignidad de quienes enfrentan el riesgo de apátrida.

Estas barreras estructurales no son accidentales; representan una falta de voluntad política para resolver una crisis de nacionalidad que arrastra décadas de injusticia y dolor.
Ante esta realidad, las entidades que conforman la plataforma reafirman su postura innegociable: la Ley 169-14 debe cumplirse de manera integral, sin más dilaciones absurdas.
Restituir la nacionalidad no es un favor, es una obligación del Estado para fortalecer el derecho y la democracia en nuestra compartida República Dominicana actual.
Instituciones como ASCALA, CEDESO, CCDH, CEDUCA, OBMICA, CNDH-RD, Reconoci.do, MUDHA y MOSCTHA mantienen su vigilancia activa frente a cualquier intento de vulnerar la Constitución y leyes.
La lucha por una sociedad equitativa continúa firme, exigiendo que la nueva cédula sea un puente hacia la justicia y no un muro hacia la exclusión.