¿Hasta cuando el gobierno permitirá que los motoristas hagan lo que les de la gana? / Foto: NTI Radio IA
Santiago, RD._ La Policía Nacional capturó a ocho personas vinculadas al homicidio del señor David Carlos Abreu Quesada, empleado municipal del Ayuntamiento de Santiago, durante un incidente vial.
El conflicto inició ayer tarde tras un roce vehicular entre un camión recolector y una motocicleta, lo cual desató una violenta persecución por varias calles urbanas.
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La víctima, un conductor de cuarenta años, buscó refugio cerca del Palacio de Justicia, pero la turba de motoristas locales lo alcanzó.
Según el reporte oficial, el agresor principal utilizó un objeto punzocortante para herir mortalmente al chofer en su pierna derecha, afectando gravemente una arteria vital.
Varios videos captados por ciudadanos y cámaras de seguridad privada sirvieron como evidencia fundamental para identificar a cada participante involucrado en este condenable acto criminal.
Abreu Quesada recibió asistencia médica de emergencia por paramédicos del sistema nacional de atención, pero lamentablemente falleció minutos después de ingresar al centro hospitalario cercano.
La institución del orden confirmó que posee el arma blanca utilizada y la motocicleta vinculada al autor material, quien ya se encuentra bajo custodia policial estricta.
El Ayuntamiento de Santiago lamentó profundamente la pérdida de su colaborador, exigiendo que los tribunales apliquen todo el peso de la ley contra los responsables detenidos.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso calificó el suceso como un asesinato a sangre fría, asegurando que el Ministerio Público actuará con firmeza ante este hecho horrendo.
Familiares del occiso describieron a David como un hombre trabajador y honesto que solo cumplía con sus labores diarias de limpieza en la ciudad de Santiago.
Este trágico evento ha generado indignación social, impulsando un debate necesario sobre la seguridad ciudadana y la conducta agresiva de algunos sectores del transporte motorizado.
Los ocho arrestados serán presentados ante un juez de instrucción para el conocimiento de medidas de coerción, enfrentando cargos por homicidio voluntario y asociación malhechora.
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